Exoneración en los concursos de acreedores del crédito público

En la sentencia de 2 de julio de 2019, el Tribunal Supremo consideró que se debe incluir el crédito público en el sistema de exoneración de los concursos de acreedores. Esta sentencia permite a los juzgados la inclusión del crédito público privilegiado y contra la masa en el plan de pagos y exoneración del restante del crédito contraído con la administración pública.

El nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal introdujo un cambio en el artículo 491 de la Ley Concursal. Sin recoger la sentencia del 2 de julio de 2019 del Tribunal Supremo. A continuación, exponemos la situación actual de la exoneración de los créditos públicos.

Regulación de la exoneración de los créditos públicos

El BEPI, Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, se introdujo en la Ley concursal 14/2013. Con el objetivo de cumplir con las restricciones y directrices de la EU. Esta ley permite la exoneración de las deudas que no podrán ser pagadas por las pymes. La Ley 14/2013 introdujo la modificación del artículo 178.2 de la Ley Concursal. Esta ley fue modificada, otra vez, en el Real Decreto Ley 1/2015, pasando la regulación al artículo 178 bis de la Ley Concursal.

Estas modificaciones han permitido que los deudores que cumplan una serie de requisitos, establecidos en la ley, puedan conseguir la cancelación total de las deudas contraídas a las que total seguridad no podrán hacer frente y que no puedan ser canceladas mediante la liquidación concursal.

En la Ley Concursal el BEPI esta regulado en los artículos 486 y SS. Texto Refundido de la Ley Concursal. Esta nueva modificación de la Ley Concursal no ha introducido los criterios interpretativos de la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de julio de 2019. Criterios que si han sido recogidos en otras partes de la nueva Ley Concursal.

El artículo 491 del Texto Refundido de la Ley Concursal establece específicamente que los créditos públicos no pueden quedar exonerados mediante el procedimiento del BEPI. Sin incorporar el tipo de cualificación del deudor. Y en el artículo 495.1 del mismo texto se vuelve ha reiterar que los créditos públicos no pueden incluirse en el plan de pagos. Estas modificaciones evitan que la extinción de los créditos públicos mediante el sistema de exoneración establecido en el artículo 499 TRLC.

Con estas modificaciones la administración estable que el deudor debe pagar la totalidad del crédito público. Aunque se incluyen el resto de créditos que en la ley anterior no eran exonerables.

Interpretación de los jueces y la doctrina establecida

Pero, aún con esta nueva modificación de la ley en vigor, muchos Juzgados de lo Mercantil están siguiendo la jurisprudencia establecida en la sentencia de 2 de julio de 2019 del Tribunal Supremo. Permitiendo a los deudores poder exonerar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social mediante el mecanismo judicial del BEPI.

Las sentencias del 2 de julio de 2019 y de 1 de julio de 2020 del tribunal Supremo permitieron que el BEPI exonerará los créditos con la calificación de ordinarios y subordinado, también, incluyendo las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. La sentencia del 12/421 de 5 de mayo del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Palma de Mallorca siguió la jurisprudencia establecida por las sentencias del Tribunal Supremo. Aun conociendo la literalidad del TRLC para dejar fuera a los créditos públicos.

La sentencia 381/2019 establece que la normativa actual tiene una contradicción. La sentencia por una parte establece un plan de pagos para asegurar el cobro de los créditos contra la masa y privilegiados de 5 años. Pero, por otra parte, se remite al uso de los mecanismos administrativos para poder fraccionar y aplazar las deudas con créditos públicos.

Como se puede observar, en las sentencias judiciales, los diversos juzgados están siguiendo la jurisprudencia establecida. Considerando que la nueva regulación no puede dejar sin efecto la jurisprudencia establecida. De esta manera, se puede concluir, que la nueva refundación de la Ley Concursal no puede obviar la jurisprudencia establecida respecto a la norma legal anterior.

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